Senador Vincent Hughes

HARRISBURG, 20 de junio de 2011 - Los legisladores demócratas presentaron hoy una legislación que impediría el intento de la Comisión de Reforma Escolar de Filadelfia (SRC) de violar las disposiciones de antigüedad en el contrato laboral existente de los maestros y luego potencialmente cancelar otros acuerdos laborales el 30 de junio.

El presidente demócrata de Asignaciones del Senado, el senador Vincent J. Hughes, la senadora Christine Tartaglione, presidenta demócrata de la Comisión de Trabajo e Industria del Senado, el presidente demócrata de Educación de la Cámara de Representantes, el representante James R. Roebuck, Jr., y la presidenta demócrata de Infancia y Juventud de la Cámara de Representantes, Louise Bishop, todos ellos de Filadelfia, patrocinan sendas leyes, la 1168 del Senado y la 1699 de la Cámara de Representantes, destinadas a impedir que la SRC anule los convenios colectivos relativos a despidos de empleados. Las medidas también impedirían la anulación de acuerdos laborales antes de que expire el contrato.

Al despedir a profesores sin tener en cuenta la antigüedad y amenazar con anular contratos válidos, los legisladores sostienen que el SRC se está extralimitando en sus funciones.

"Los profesores de Filadelfia han sido un socio activo a la hora de intentar hacer frente de forma razonable a la difícil situación económica a la que se enfrenta el distrito escolar", declaró Hughes. "Los profesores han hecho concesiones y han trabajado dentro del marco de la negociación colectiva.

"El sindicato de profesores no ha sido ciego a los enormes desafíos fiscales que enfrenta el distrito escolar, pero las acciones del SRC van demasiado lejos".

La ley de escuelas en apuros contiene disposiciones que permiten a los distritos escolares eludir las disposiciones del código escolar estatal en determinadas situaciones. Sin embargo, Hughes dijo que no cree que esas disposiciones anulen un acuerdo laboral válido negociado de buena fe.

Tartaglione, un líder en temas laborales en el Senado, dijo que "las disposiciones del contrato no deben ser objeto de alteración después de un acuerdo de trabajo se alcanza, a menos que ambas partes están de acuerdo en los cambios", dijo Tartaglione. "El SRC aceptó las disposiciones sobre antigüedad y deberían honrar su palabra y cumplir el contrato con el sindicato de profesores".

Tanto Hughes como Tartaglione sostuvieron que la ley que permite a la SRC anular disposiciones contractuales no pretendía ser indefinida; y que el distrito y sus profesores han tenido múltiples acuerdos de negociación colectiva desde 2001.

Roebuck dijo que "el SRC debe seguir el proceso que negoció y acordó no sólo cuando se trata de despedir a los maestros, sino para todas las demás disposiciones. Existe una gran necesidad de que los profesores y el distrito trabajen juntos tanto para resolver la crisis fiscal como para proporcionar una educación de calidad a los alumnos de las escuelas de Filadelfia".
"No hay ningún mandato legislativo ni deseo de reestructurar los acuerdos laborales negociados".

El Presidente de la Federación de Profesores de Filadelfia, Jerry Jordan, se hizo eco de la petición de los legisladores de una legislación que aclare los poderes del SRC.

"Necesitamos urgentemente claridad legislativa que defina los poderes de la SRC en relación con la anulación de las disposiciones contractuales negociadas y acordadas de buena fe", dijo Jordan. "Los profesores de Filadelfia no deberían estar sujetos a normas diferentes basadas en disposiciones turbias de la ley".

Los legisladores dijeron que su legislación reafirmaría la intención de la ley original y enfatizaría que el poder de la SRC para alterar los contratos laborales es limitado. Las medidas cuentan con el firme apoyo de las delegaciones de Filadelfia tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

El distrito escolar de Filadelfia se enfrenta a un déficit de financiación de 629 millones de dólares como consecuencia de la pérdida de fondos federales y los recortes presupuestarios estatales propuestos por el gobernador Tom Corbett.

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